El Consejo Nacional Electoral en Colombia anunció a través de un comunicado de prensa que regularía el uso de propaganda política por parte de candidatos en las elecciones en Colombia.
El anuncio, que no venía acompañado de una resolución, detonó un debate sobre los retos a los que se enfrentan las autoridades y los riesgos que esta decisión puede significar para el debate público en un proceso electoral.
Carlos Cortés y Cristina Vélez de Linterna Verde nos invitaron a un panel para abordar la discusión con la información disponible hasta este momento.
Aunque hay que reconocer que el Consejo Nacional Electoral se pronuncia sobre algo que había sido por muchos años un área gris y que hace un esfuerzo por reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza cambiante del ambiente digital, la decisión, como está hasta ahora, deja algunas preguntas abiertas.
Por un lado, mantener el concepto de propaganda política, claro y nítido para las prácticas electorales de Siglo XIX y XX, se vuelve una caja de cartón en la que se pretende organizar el caudal de un río al usarlo para regular fenómenos de comunicaciones del Siglo XXI.
Adicionalmente, la escueta entrevista que ofrece el Presidente del Consejo Nacional Electoral, en la que sugiere que cada caso "es especial", deja la puerta abierta para la arbitrariedad en un país en el que no sería novedad que se use localmente el poder de las Cortes para incidir en procesos electorales.
Darle a los canales digitales el estatus de “medio masivo de comunicación” parece desconocer la complejidad del flujo de la información en canales digitales. Parecería más razonable verlos como un espacio público digital activo, viral, con incidencia real en las posiciones de las personas, con actores complejos, incluidos ciudadanos, personas jurídicas y personajes anónimos. Un espacio, en el que se podría hacer publicidad política pagada. Algo más fácil de identificar y de juzgar como propaganda política.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral parece dejar por fuera de su radar aspectos de las prácticas de comunicación política con fines electorales cuya falta de regulación puede ser más significativa para que haya desequilibrio entre candidatos que aspiran a cargos de elección popular, tales como la actividad inorgánica e inducida por “operaciones de influencia” a través de cuentas e influenciadores, como da cuenta el reporte sobre el uso de Twitter en campañas de Linterna Verde.
En la conversación con Liliana Gómez de la Maestría de Comunicación de la Universidad Javeriana y Adela Goberna de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) pudimos explorar algunas de estas preguntas desde diferentes ángulos. La resolución en firme del Consejo Nacional Electoral aún está por conocerse, y valdrá la pena entender los esfuerzos que hacen para garantizar que las contiendas electorales se dan apegadas a la ley, garantizando equidad entre los candidatos que compiten y comprendiendo la compleja transformación tecnología a la que se ve expuesto el debate público electoral.
